En el marco de nuestra próxima incorporación al Mercado Único Comunitario, el reto de superar la citada degradación se presenta lleno de incertidumbres: sólo se han dado tímidos y lentos pasos en la adaptación de la industria a las nuevas exigencias, así como en la recuperación de áreas gravemente perturbadas por actividades industriales; la salud de la población y de los ecosistemas sigue sometida a importantes riesgos; y las competencias administrativas para enfrentarse a los problemas adolecen de excesiva dispersión. Todo ello parece exigir la redefinición de la política medioambiental en la dirección de un horizonte de mayor eficacia.
Para ello, se considera conveniente, en primer lugar, establecer con precisión el campo conceptual del medio ambiente, dado que se trata de un término amplio y diverso, tanto desde el punto de vista científico-técnico como desde los de la filosofía, sociología o política. Partiendo del principio de que éste, genéricamente, comprende dos medios -el material y el cultural- nos interesa, como urbanistas responsables de la ordenación territorial y urbana, un tipo de visión amplia, ya que se considera imprescindible que aquéllas contemplen, de ahora en adelante, al mismo como un elemento o factor más a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades humanas.
Sin embargo, el criterio apuntado aun siendo imprescindible no se juzga suficiente. Hemos de ser conscientes de que mientras la ordenación y el planeamiento se refieren siempre a territorios y ámbitos concretos, el medio natural no presenta soluciones de continuidad, no reconoce fronteras nacionales ni límites comunitarios o municipales. Parece pues forzoso, para enfrentarse con éxito a los problemas descritos, operar desde un plano superior al del planeamiento y la ordenación -que deben quedar relegados específicamente a ser herramientas de trabajo- concretamente desde la definición de una política ambiental que no sólo supere los límites territoriales y geográficos, sino también la especialización y fragmentación sectorial propias del quehacer de las distintas Administraciones.
En este sentido debe prestarse especial atención al contenido del artículo de José Muro de Zaro dedicado a exponer y explicar las actuales directivas europeas sobre medio ambiente y la preocupación de la CEE sobre el medio ambiente urbano. A destacar las que se refieren al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, de carácter vinculante, dirigidas a exigir el estudio de las incidencias que los proyectos y actividades a autorizar puedan tener sobre el entorno físico, cultural y socioeconómico; procedimiento en el que debe garantizarse la objetividad de este tipo de análisis, controlando los riesgos de manipulación a que éstos pueden lamentablemente estar sujetos.
Por otra parte, el actual debate europeo en relación con la conservación del medio natural se centra en torno a la propuesta, en elaboración, sobre protección de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, dirigida hacia la consecución de una red de espacios protegidos. En relación con la conservación de éste, que obviamente no se cuestiona, existe una tendencia general a utilizar como estandarte la correspondiente a regiones naturales hoy vírgenes y amenazadas, remotas y en consecuencia ajenas para la mayoría de los ciudadanos: la Amazonia, la Antártida… Ello no debe distraer la atención sobre el hecho fundamental de que el medio ambiente es para cada persona el entorno inmediato en el que discurre su vida y ése es el que debe cuidarse, mantenerse limpio y protegerse.
Esta línea de pensamiento conduce a la necesidad de concienciar al ciudadano, mediante una educación adecuada y, en su caso, severas medidas penalizadoras, de que esos espacios aparentemente de nadie, tan numerosos y próximos en nuestra vida cotidiana -espacios libres no urbanizados. márgenes de carreteras, riberas de ríos y playas… -son, en realidad, "espacios de todos", y todos, empezando por la Administración, somos corresponsables de su buen estado. En cuestiones medioambientales, las Administraciones han de asumir la obligación de dar ejemplo: la higiene y grado de limpieza de instalaciones y locales públicos, el buen funcionamiento de los servicios de limpieza, el uso extensivo de productos reciclados, son algunos de los muy diversos modos de cumplir con aquélla.
Ante el próximo futuro de nuestra plena incorporación al Mercado Único, hemos de trabajar a partir de su vigente programa de acción, aprobado en 1987. que propone como líneas fundamentales: la integración de la protección ambiental como condición básica para el desarrollo, la definición de normas de calidad ambiental más estrictas, el fomento de la educación ambiental y la investigación en algunos sectores punta como la biotecnología, en orden a regular las modificaciones genéticas de los microorganismos. Asimismo, deberá participarse, activamente, en el debate abierto por el "Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano", elaborado por la CEE, en relación con problemas y materias como: la conveniencia de una mayor integración de los parámetros ambientales en el planeamiento; la incorporación de las políticas de ahorro energético en los planes de ordenación superando el actual enfoque sólo corrector, y la rehabilitación de áreas monofuncionales o degradadas, integrando la pequeña industria en el tejido urbano previa su adaptación a los parámetros propuestos en las directivas de protección ambiental.
Parece necesario, por tanto, que nuestro país establezca una política medioambiental de carácter global caracterizada por los siguientes objetivos.
- Generalizar a nivel estatal las líneas de actuación, definiendo un marco común de mínimos en el que, como desarrollo pormenorizado, se inscriban las loables medidas establecidas, a nivel autonómico.
- Incrementar el desarrollo de programas de investigación y fomentar, al mismo tiempo, un conocimiento más amplio de las nuevas técnicas medioambientales y poner en marcha campañas de educación y concienciación ciudadana.
- Perseguir el equilibrio en el conflicto entre el progreso en la calidad de vida urbana y el desarrollo económico de la ciudad, objetivos que no son antagónicos ya que la protección de los recursos ambientales ha de considerarse básica para conseguir un crecimiento económico proporcionado y éste, a su vez, debe contribuir a la mejora ambiental, lo que exigirá una gestión integral del agua y de los residuos generados por las áreas urbanas.
- Insistir en la importancia del análisis del sistema urbano y de sus disfuncionalidades como medio para llegar a la raíz de los problemas ambientales.
- Profundizar en el principio asumido a nivel europeo de que "quien contamina paga", desarrollando y tipificando los delitos sobre el medio ambiente para su incorporación al Código Penal.
