A finales de los años sesenta se manifiestan en España dos fenómenos distintos que rompen con el proceso antes descrito. Por un lado, la aparición de conjuntos de viviendas unifamiliares adosadas como forma tipológica predominante y casi exclusiva. Por otro lado, la preocupación por la protección y recuperación de los centros históricos de las ciudades que frena, de manera radical, el proceso de destrucción-sustitución de los cascos antiguos. Ello produce un nuevo entendimiento del concepto de ciudad, con el rescate de valores casi olvidados como la calle, la mezcla de usos, etc., que habían sido apartados con la aplicación estricta de la tesis del movimiento moderno.
Hasta entonces, al contrario que en otros países, la vivienda unifamiliar era propia de sectores socioeconómicos medios y altos y, casi siempre, utilizada como segunda vivienda. Pero propiciadas tanto por las distintas Administraciones Públicas como por los propios promotores privados, al detectar un cambio en la demanda, los grupos de viviendas unifamiliares adosadas surgen como si fuera por generación espontánea ocupando la periferia, no sólo en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, sino también en las ciudades medias. La aceptación de este modelo estaba en consonancia con el cambio en la forma de vida que la propaganda de estas actuaciones auspiciaba: poder llegar a adquirir algo por lo que siempre se había soñado y lo que en épocas anteriores había estado únicamente al alcance de las clases privilegiadas y que podría definirse como una mezcla de mayor espacio físico, mayor privacidad, más luz. más sol ("contacto con la naturaleza") y quizás el propio simbolismo de otro status social.
Desde hace algunos años en ciertos países, como Austria y Alemania, se ha iniciado la realización de operaciones de ordenación de áreas residenciales con vocación mixta, que integran, en una misma área ordenada, viviendas, oficinas, comercios, talleres y pequeños establecimientos industriales, equipamientos, etc., como respuesta a los problemas de incomunicación producidos por la aplicación estricta del "zoning". La mezcla de los usos y tipologías representa un equilibrio en cuanto a los verdaderos componentes de la ciudad, residentes trabajadores, comerciántes, oficinistas, todos compartiendo las infraestructuras y servicios así como las distintas arquitecturas representativas de los mismos. Esta tendencia equilibradora de "hacer ciudad" es la que la mayoría de nuestras ciudades necesita en sus nuevos desarrollos. Todo ello para intentar conseguir en las áreas periféricas esa centralidad tan deseada y demandada por la población en general según las encuestas más recientes. Es verdad también que para conseguirlo se necesita, además, dotar a esas áreas de redes adecuadas de comunicaciones y servicios públicos que aumenten su accesibilidad y rompan el aislamiento.
No obstante, para conseguir este objetivo es necesario modificar una de las características del planeamiento municipal reciente y que ha sido su excesivo determinismo, el cual ha exigido, a las áreas a desarrollar posteriormente, una subordinación a veces injustificada. Como respuesta al planeamiento general y parcial de los años setenta, en los que fundamentalmente preocupaban la jerarquización de la red viaria, la aplicación estricta del "zoning" y el cumplimiento puntual de los estándares legales, muchos de los planes de los ochenta estudian la imagen futura de la ciudad propuesta, y ello, que conceptualmente es plausible, se ha convertido en muchos casos en elemento vinculante del propio documento. Lo que en principio podían ser unos esquemas indicativos de ordenación, llegaron a ser imposiciones imposibles de modificar, de interpretar o de adaptar a la realidad del cambio de escalas.
En este sentido es importante aquilatar el nivel de vinculación adecuado, hasta dónde debe llegar el planeamiento superior en sus determinaciones vinculantes -que debieran ser exclusivamente aquellas decisiones claves de trazado y ordenación- y dejar bien claro el carácter indicativo de los esquemas propuestos. Todo ello para asegurarse, por un lado, la coherencia con las líneas generales de planeamiento superior y, por otro, para dejar la suficiente libertad a las decisiones propias del momento de acometer el planeamiento de desarrollo.
