Los argumentos de las partes
Como suele ocurrir en todo desacuerdo entre Administraciones, ambas entidades tienen parte de razón en los argumentos que han expuesto ante la opinión pública y que conviene examinar en detalle y también analizar con cuidado.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento puso en marcha la operación ante el importante volumen de la demanda insatisfecha de vivienda existente en Madrid, dato que es incuestionable e irrefutable. La ciudad viene perdiendo población desde hace aproximadamente unos veinte años; concretamente entre 1981 y 1991 la población de derecho sufrió un descenso del orden de 150.000 habitantes (13.693 en 1991 y 29.162 en 1992). Por información estadística constatada se sabe que la gran mayoría de la demanda familiar residente en Madrid capital, el 89%, manifiesta su clara voluntad de permanecer en su actual lugar de residencia. Comparando este hecho con la caída radical de la producción de viviendas asequibles, para los segmentos cuantitativamente más importantes de la demanda -clases medias y bajas- desde finales de los años setenta, primera crisis económica del período democrático, y especialmente desde los años 90, en que se desata la segunda crisis, de la que todavía no hemos salido, es también incuestionable que se está produciendo una verdadera expulsión de la mayoría de la población que ha abandonado Madrid en los últimos veinte años, por no encontrar viviendas a precios adecuados. Este hecho era ya conocido al comienzo de los años ochenta y del mismo se hizo importante eco el propio Plan General del año 1985.
En consecuencia, ofrecer soluciones a la demanda insatisfecha podría considerarse un deber ineludible para la actual Administración municipal. Ahora bien, ante la magnitud de la operación, que entraña en sí misma una verdadera revisión del Plan General del año 1985, ¿no debería haberse dado nacimiento a la misma en el marco del Nuevo Plan General (NPG), cuya aprobación inicial está prevista para febrero del presente año?. La respuesta afirmativa a este interrogante es uno de los principales argumentos en que se basa la opinión negativa manifestada por la Comunidad Autónoma de Madrid ante la propuesta municipal.
Los esfuerzos integradores
El actual Ayuntamiento, regido por Álvarez del Manzano, decidió la puesta en marcha de la operación, por delante de la revisión del Plan General, en función de la urgencia del problema y teniendo en cuenta los dilatados plazos para la elaboración y tramitación de aquélla. Al mismo tiempo y a fin de que los PAUs no produjeran una distorsión en el correcto desarrollo del territorio municipal, se dieron instrucciones a la Oficina Municipal del Plan para que el planeamiento de aquéllos tuviera un nacimiento coherente con el Nuevo Plan General.
En cumplimiento de este criterio, el Avance de 1993 contemplaba una adecuada integración de las soluciones urbanísticas de los seis PAUs en la ordenación general de futuro, especialmente desde el punto de vista de la estructura general y orgánica del territorio. La solución planteada en aquél para la Corona Norte Metropolitana permitiría dotar a los cuatro PAUs, "Arroyo del Fresno", "Monte Carmelo", "Las Tablas" y "Sanchinarro", de una estructura territorial de conjunto. En la misma línea, la ordenación general de la Corono Sureste integraba adecuadamente la solución del PAU del "Ensanche de la Villa de Vallecas", y la ordenación del distrito de Carabanchel establecía las condiciones estructurales para el desarrollo del PAU "Ensanche de Carabanchel".
En función de los planteamientos del Avance de 1993 se reelaboraron los PAUs, pudiéndose entender que los mismos se encuentran perfectamente "encajados en el NPG y por tanto ha perdido fuerza la argumentación en su contra de la CAM, basada en este concepto. No debe olvidarse que la intervención de esta última ha sido imprescindible porque el Ayuntamiento ha debido tramitar seis modificaciones puntuales del PG 85, con carácter previo a la aprobación de los PAUs, a causa de la cortedad de previsiones de clasificación adecuada de suelos que aquél tenía y que no permitía poner en marcha una operación como la planteada por el Ayuntamiento…
